Para mordaces no hay mordazas

Julio Fernández Peláez

Censurado

Las 8 de la mañana. Como estoy sin medicación para la Hepatitis C porque no les da la gana recetármela, y me voy a morir de aquí a poco, salgo a la calle con la intención de manifestarme de manera espontánea.

Grito de manera genérica: «¡Asesinos! Me estáis matando». Un amable ciudadano de camino a su oficina me avisa de que ahora para protestar hay que solicitar un permiso al Gobierno. Entro en casa y al rato salgo a la calle en camiseta de tirantes y con un folio adherido a mi espalda en forma de dorsal, y en el que se puede leer: “El Ministro de Interior es tonto”.

Sí, ya sé que lo de sanidad lo llevan desde Sanidad, pero como al parecer la solución de todos los problemas de este país pasa por no permitir que la gente se exprese libremente, he pensado que mejor ir al grano y dejarme de rodeos. Es por ello que mis insultos van dirigidos a quienes se sitúan en lo más alto de la pirámide. Y si es cierto que la causa de mi Hepatitis C está en decir en público lo que siento, que me muera ahora mismo.

No llevo ni dos minutos paseando tranquilamente con el mensaje a mi espalda cuando se acerca un utilitario de la policía nacional. Después de bajar la ventanilla, el conductor me pregunta: «¿Tiene usted permiso?» Es evidente que el nacional se refiere a mi cartelito, pero yo me hago el despistado.

Ha bastado una mueca involuntaria para que los nacionales se sientan ofendidos. Ellos paran el motor, se bajan y me piden la documentación. «No la llevo». Me miran por encima de sus gafas de sol con aires de reproche y desprecio: «¿Es que no conoce usted la nueva ley? ¿Qué hace con esa camiseta?»

Yo me encojo de hombros y ellos se enfadan. Creo que quieren provocarme para que les ofenda de algún modo y así testificar un desacato, penado con multas de hasta 600 euros. Calma, me digo, no son capaces de pillar a nadie insultando en esta reconvertida Vallecas, y como tienen que cumplir un cupo al día de multas para recaudar fondos para el Estado, la toman conmigo para ver si pico.

«Desconocía la ley», les digo. Y ellos se sonríen. Debe ser que todo el mundo dice lo mismo para disculparse. «¿Pero cómo les voy a pedir permiso a los que nos gobiernan si mi protesta va contra ellos? Es como pedirle permiso al jefe de los verdugos para que te deje vivir, una vez que te ha condenado a muerte.»

La comparación no es muy afortunada, lo sé, pero es lo primero que se me ocurre para disimular mis ganas de morderles. Viendo que la sonrisa se ha borrado de la cara de los agentes, les digo: «En cualquier caso, no tendría para pagar la multa». «30.001 euros, en el mejor de los casos», es la respuesta de uno de los agentes.

A mí esta cifra no me asusta. Debe ser que las sustancias tóxicas que no puede limpiar mi hígado están dañando mis neuronas y por eso no siento miedo a las represalias. «Estúpidos», digo en voz baja. Pero ellos me entienden a la primera y a momento me bloquean para que no les agreda, me empujan contra el vehículo, me cachean para detectar en mi cuerpo la posible presencia de cámaras, me confiscan el dorsal, colocan en mis muñecas unas esposas y me introducen en el interior del vehículo para trasladarme, a gran velocidad y presumiendo de alarma, a una comisaria de barrio.

Allí me meten miedo con bolsas de supermercado y me dan un par de rodillazos en el estómago para calmarme. El segundo rodillazo me hace vomitar al instante encima del dueño de la rodilla, lo que desata de inmediato la furia del agente y las risas de sus compañeros. Temo lo peor. Les digo: «Estoy fatal. Un virus me consume por dentro».

Me sueltan, no sea que el asunto se les escape de su estudiado control, no sin antes avisarme: «Ya te llegará la multa a casa, desgraciado». Al salir, respiro el aire fresco de la calle y me congratulo de seguir entero, aunque algo apesadumbrado por no conocer el jodido barrio pijo en el que me encuentro. Además, me han robado la cartera.

Pasa un taxi y lo llamo. No sé cómo voy a pagarle pero ya se me ocurrirá algo. Me hago pasar por congresista que tiene una votación urgente en el Parlamento y le digo que me lleve a la Carrera de San Jerónimo. No sé cómo no desconfía de mi aspecto. Debe pensar que soy uno de esos diputados avergonzados con la situación general y que se ha dado a la bebida para poder soportarlo. Bien es verdad que en general los taxistas han aprendido a no hacerle ascos a nada. Me bajo del taxi en marcha y echo a correr. El taxista no puede abandonar su principal herramienta de trabajo para perseguirme pero eso no impide que se baje y que se ponga a ladrar en contra de los diputados de todos esos partidos de maleantes y melenudos dispuestos a llevar a España al independentismo y la ruina.

Yo no paro de correr. Doy una vuelta a la manzana y entonces los guardas civiles que vigilan a los leones para que no se les escape la pelota, me echan el alto. Me dicen algo así como que estoy haciendo un “rodea el Congreso”. El taxista se acerca, pero al instante se da media vuelta, quizá intimidado por la mirada de los guardias civiles. «Claro que no estoy rodeando el Congreso. Yo vine aquí directamente para pedir un permiso para manifestarme en contra de que se nos deje morir a los afectados por el virus…» Ellos me toman por chalado, pero como seguramente se aburren, deciden comunicarse con sus superiores para avisar de que hay alguien rodeando el Congreso.

Acude una lechera de los antidisturbios y se forma la marimorena. Presa del pánico, me suelto de mis captores, o ellos me empujan, no puedo asegurarlo. La cosa es que me veo subiendo las ilustres escaleras institucionales perseguido por el ulular de las pelotas de goma y el escozor de los gases lacrimógenos, hasta que segundos después caen sobre mí las fuerzas del Estado y me comunican que estoy detenido y que puedo permanecer en silencio. Yo no digo nada, no sea que se enfade la bota con suelas de acero que tengo a dos centímetros de mi lengua.

No tengo ni idea de dónde me llevan. En algún momento pierdo el conocimiento después de recitar cómo me llamo y dónde vivo al son del himno de España. Y al par de horas estoy de nuevo en la calle, a más señas en un descampado no muy lejos de Vallecas, por suerte. Creo recordar las amables palabras de uno de los guardias con tricornio: «Ya te llegará la multa a casa, desgraciado». Fijo que entraron en mi expediente y descubrieron que no tenía nada, que mi currículum como ciudadano sumiso estaba impecable, y por eso me soltaron.

Después de atravesar un páramo plagado de vertederos y partículas cancerígenas pululando por doquier, llego por fin a casa soñando con un plato de avecrén con fideos calientes. Son las 8 de la tarde.

Asomada a la ventana de la casa está mi mujer, gritando sin parar. Ella no tiene hepatitis pero sufre del corazón y tiene algo de demencia, fruto de la edad. Por culpa de esta edad, de un aval que no teníamos que haber firmado y de unos hijos sumidos en sus desgracias, resulta que alguien dictó en su día una orden de desahucio. Un desahucio que, por lo que veo, está a punto de ser ejecutado.

Unos bomberos extienden el brazo de la grúa de su camión frente a la ventana de nuestra casa. El bombero del cazo se sitúa delante de la ventana para evitar un posible suicidio mientras por la puerta de entrada otros bomberos entran a la fuerza, imagino que acompañados por agentes judiciales. Yo me acerco al camión y trato de impedir lo que ya es inevitable. Me peleo con el conductor del camión, le explico que lo mejor que se puede hacer por mi mujer es dejarla que haga lo quiera. Pero no me da tiempo a argumentar mis palabras. Un auto de la policía local se acerca. Los agentes se bajan y me sacan a golpes del camión. «Está prohibido impedir desahucios», me dice uno de ellos. Y el otro, como era de esperar: «Ya te llegará la multa a casa, desgraciado».

De perdidos, al río. Voy a comprar un arsenal de bebidas alcohólicas en el primer establecimiento que encuentre. Invitaré a todos mis vecinos. A todo el barrio. Y será un botellón de tres pares de cojones. Y que venga el Ejército a decirme algo.

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